Tema: SOBRE LA DENUNCIA A LOS USUARIOS DE P2P

[Dabo]

os copio y peqo una noticia que se ha publicado en la web de la asociacion de internautas sobre la famosa denuncia de los usuarios P2P, parece que les está saliendo el tiro por la culata, a saber:

POLÉMICA EN LA RED: 38 EMPRESAS DE `SOFTWARE´ DENUNCIAN A 95.000 USUARIOS DE REDES DE INTERCAMBIO DE ARCHIVOS

La Red anda revuelta a cuenta de la encarnizada lucha de las empresas de software contra los usuarios de redes de intercambio de ficheros Peer to Peer (P2P). Este sistema, controvertido ya desde tiempos de la difunta Napster, significa `de igual a igual´ y se basa en el canje mutuo y gratuito de material digital (canciones, películas, videojuegos, programas de ordenador, fotografías...) de PC a PC. En el mundo real, el P2P sería equiparable a fotocopiar un libro, pero esta práctica, trasladada al mundo virtual, reduce exponencialmente las ventas y pone de manifiesto la colisión de dos derechos: el de la propiedad intelectual frente al de la privacidad de las comunicaciones. La polémica está servida.

Todo empezó el pasado jueves, cuando el despacho de abogados Landwell-PriceWaterhouseCoopers (PwC), anunció una denuncia común de 32 compañías del sector, cuyo nombre se mantiene en secreto, contra “quienes reproduzcan y distribuyan ilegalmente software profesional”.

La Asociación de Internautas (AI) respondió `colgando´ en su página web un artículo titulado España es un Estado de Derecho y las actividades tipo Gestapo no caben, donde informan de que el sistema de comunicaciones P2P es completamente legal; ponen a disposición de los usuarios sus servicios jurídicos para defenderles, llegado el caso; y llaman la atención sobre el posible espionaje de que pudieran ser objeto recordando que “el secreto de las comunicaciones sigue siendo un derecho fundamental”.

La AI ponía el grito en el cielo al descubrir que la demanda -ya presentada ante la Brigada de Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, pero que llegará a los jueces en septiembre- tenía por objeto 95.000 usuarios de P2P, de los cuales se elegirían los 4.000 que se han descargado más archivos, y les acusaba de espionaje masivo. Landwell-PwC se defendió explicando que se limitaron a introducirse como usuarios anónimos en las redes de pares para ver qué productos descargan los internautas y conocer así sus nicknames (apodos).

Paralelamente, la Asociación que preside Víctor Domingo puso a disposición de sus lectores de forma gratuita un programa denominado PeerGuardian que “impide el espionaje” al bloquear las direcciones IP solicitadas.

Al calor de la polémica, el socio de Landwell-PwC, Javier Ribas, anunció que si en un principio eran 32, a fecha del miércoles 23 de julio, ya eran 38 las empresas unidas a la causa, y no descartaba que su número aumentara. En ningún momento el nombre de las empresas ha sido hecho público, según Ribas, por miedo a represalias: "Estamos recibiendo amenazas directas e incluso nos están lanzando ataques y bloqueos a nuestro sitio web".

A raíz de la alarma generada en torno al tema, la AI ha publicado que desde que estalló la noticia, más de 200.000 internautas han visitado, en busca de información, las páginas de la IV Campaña de Seguridad en la Red, iniciativa patrocinada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con Telefónica, Camerfirma, Microsoft, Jazztel y Symantec.

Según Landwell-PwC, los 95.000 usuarios denunciados han realizado cerca de 25 millones de descargas durante la primera mitad del año, lo que ha supuesto un perjuicio económico para las compañías denunciantes de 85 millones de euros.

La AI explica a sus asociados que “los supuestos denunciantes no han obtenido pronunciamiento alguno en los Tribunales de Justicia españoles sobre la ilicitud o ilegalidad” del intercambio Peer to Peer si no hay ánimo de lucro, y los recriminan perseguir “notoriedad pública” y/o “fines crematísticos”.

La Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía, por su parte, ha manifestado a este diario que "las descargas de P2P son perseguibles sólo si el usuario pretende enriquecerse con ellas".

que os parece???? para que veais como estan las cosas chic@s

para saber mas: http://www.internautas.org/

[choche]

Entre las 261 demandas que ha presentado la industria discográfica estadounidense se encuentra como demandada una niña de 12 años de edad, a la que irónicamente ya pueden asustar de verdad con que viene el COCO.

Según informa FoxNews, en un artículo que publicamos al final de la noticia, entre los 261 demandados se encuentra Brianna LaHara, de 12 años de edad, hija de una madre soltera con la que vive junto a un hermano menor de 9 años.

Brianna LaHara ha sido acusada de descargar música a través de KaZaA y podría ser condenada a afrontar multas de hasta 150.000 dólares por cada canción descargada.

La RIAA ha respondido a las acusaciones alegando que no disponían datos personales de ningunos de los demandados, pero en principio y a pesar del daño que el caso puede causarle a su ya deteriorada imagen, no se muestra partidaria de retirar la demanda.

 
http://www.foxnews.com/story/0,2933,96797,00.html

[choche]

La industria discográfica ha zanjado rápidamente, y de la manera más efectiva posible, la polémica demanda sobre la niña de 12 años acusada de intercambiar archivos.

Brianna LaHara había sido acusada de ofrecer más de 1.000 canciones a través de KaZaA y podría haber sido condenada a afrontar multas de hasta 150.000 dólares por cada canción descargada.

Muchísimos medios se han hecho eco del caso, lo que ha obligado a la RIAA a zanjarlo de la manera más efectiva posible.

Y vaya si lo han hecho, convirtiéndose LaHara en la primera en llegar a un acuerdo, accediendo a pagar 2.000 de multa a la RIAA, unos 2 dólares por cada canción.

[Dabo]

ojito que dentro de poco el sibar una cancion en publico se va a considerar como plagio  :shock:

[choche]

En un reciente caso acaecido en Barcelona la policía detuvo a 3 miembros de una misma familia, acusados de descargar a través de un programa de pares un juego de ordenador y tres películas.

Publicado por Kriptópolis:

"Nos encontraremos con gente que nos dirá que no son ellos, que son sus hijos. Si un padre prefiere que la querella la dirijamos contra sus hijos, pues lo haremos."

Cary Sherman, presidente de la RIAA (Ciberpaís, 18 de septiembre de 2003)

Es curiosa la doble moral de nuestros periodistas. Mientras publicitan sin el menor sonrojo las campañas de intimidación de los traficantes de propiedad intelectual, se rasgan las vestiduras cuando una madre es coaccionada para pagar por las canciones que su hija de 12 años se ha descargado de Internet. Una hipocresía, la de nuestros periodistas, casi tan farisea como la de aquellos que pregonan un mensaje populista en el terreno de los derechos de autor, mientras dicen amén a las múltiples reformas legislativas (LSSI, LGT, LFE, LPI, Código Penal) con las que nuestro gobierno cercena a diario las libertades de los usuarios de Internet (1)(2).

El caso de la adolescente Brianna Lahara, por cuyas descargas musicales su madre ha tenido que indemnizar a la RIAA, ha hecho correr ríos de bytes en los titulares digitales. Ríos de bytes que brillan por su ausencia cuando los ataques a las libertades son perpetrados en territorio español. Como en el caso que a continuación les relataré, del que nunca encontrarán referencia en nuestra bienamada prensa digital: cuando las noticias perjudican a la mano que nos da de comer, se les echa tierra encima, que para eso somos el cuarto poder.

Los medios de adoctrinamiento de masas nos tienen tan acostumbrados al linchamiento moral que a veces olvidamos algunos derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, tales como la presunción de inocencia, la legalidad penal, o el derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra uno mismo. Por eso el cuerpo social admite como normal que pueda incriminarse por las buenas a toda una familia, por el simple hecho de que en su domicilio se encuentra un ordenador conectado a Internet.

Las denuncias contra usuarios P2P que se han presentado en Estados Unidos y en España (sí, sí, en España también), se basan en la localización de direcciones IP de Internet, que pueden vincularse a abonados a cuentas de acceso mediante las oportunas órdenes judiciales. Una vez conocido el domicilio del ordenador con el que se ha cometido la presunta infracción, los investigadores deben averiguar qué miembro de la familia ha cometido los actos presuntamente ilegales. Dado que no se han generalizado los identificadores biométricos que asignen cada pulsación a un determinado usuario, son necesarias pruebas adicionales, que sólo pueden obtenerse mediante declaraciones autoinculpatorias o mediante registros domiciliarios.

En un caso reciente ocurrido en Barcelona, a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) y la Asociación de Distribuidores e Importadores Videográficos de Ambito Nacional (ADIVAN), la policía procedió a la detención de tres miembros de una misma familia. La acusación se basaba en la descarga y tráfico, presuntamente ilegales a juicio de los denunciantes, de un juego de ordenador y tres películas, concretamente Qué bello es vivir, El rey escorpión y Pearl Harbour, obtenidas mediante descargas de una red P2P.

Cuando se tomó declaración al padre de familia, éste indicó que el ordenador de su domicilio era utilizado sólo por tres personas, una de ellas él mismo, la otra su hijo, y la última su hija menor de edad. Los investigadores debieron advertirle que, de no reconocer él la autoría de los hechos, se verían obligados a detener a sus hijos, como más tarde se verificó. Las horas pasadas en comisaría ofrecen mucho tiempo para la reflexión: seguramente en aquellos momentos el padre debía pensar que, aún no siendo él el autor de la descarga, quizás sería preferible "comerse el marrón" antes que ver procesados a sus hijos.

Afortunadamente para nuestras ya menguadas libertades, y a pesar de la extrema derecha que nuestros gobernantes han ido colocando en el Tribunal Supremo y en el Consejo General del Poder Judicial, todavía quedan jueces que creen en el espíritu de libertades que inspiró la Transición. Una de ellas, María Eugenia Canal Bedia, Juez Titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona, a la vista de lo actuado, resolvió denegar la orden de entrada y registro y archivó el expediente, ahorrando a los contribuyentes el triste espectáculo de un padre de familia en el banquillo, autoinculpándose para salvar a sus hijos.

[Wolverine]

Joder si se pasan los cabrones estos  :evil:  se les esta llendo un poco de las manos no os parece ? Es una caza de brujas desmedida; me gustaria saber si todo esto lo habran empezado los yankis para variar siempre tan "comedidos" ellos sacando las cosas de quicio y llevandolo todo a extremos absolutamente ridiculos, y lo de españa... pues en fin patetico y lamentable para seguir en su linea; que yo lo flipo vamos hasta donde vamos ha llegar. Si Orwell viera como andan las cosas en vez de escritor se pone a echar el tarot por que vaya no podia estar mas en lo cierto. :?

[Dabo]

y que lo digas wolve, vaya mierda de tema, la verdad es que estan apretando a tope para al final ahogarnos a todos, no saben en lo que se estan metiendo, si Orwell levantara la cabeza, vomitaria y la wolveria  :D  a esconder

paciencia amiga

[choche]

'Spam', la última jugarreta de la industria contra el P2P

Hasta un millón de usuarios podrían ser objeto de un aluvión de correos disuasorios, sobre todo, aquellos que visiten páginas que contengan programas de intercambio de archivos.
 
La industria discográfica está financiando el desarrollo de una nueva arma de "concienciación" a través del mensajes electrónicos. Según informa el prestigioso rotativo 'The New York Times', la industria discográfica está actualmente planteándose iniciar una campaña de concienciación a través de mensajes electrónicos. Hasta un millón de usuarios podrían ser objeto de dicha campaña, aquellos que visiten páginas que contengan programas de intercambio de archivos.

Segundo paso: el sabotaje de ordenadores
Por otro lado, pero en el mismo sentido la industria discográfica se está planteando la posibilidad de no tan sólo advertir, sino sabotear los ordenadores y las conexiones a Internet de aquellos que descarguen música de dichos programas. Según el "Times", uno de los métodos en los que se trabaja es a través de un troyano, que redirecciona a los usuarios a las páginas en los que pueden obtener música, pero pagando. Otros bloquean un ordenador durante cierto tiempo -minutos u horas- con el riesgo de que se pierdan datos que no han sido guardados si los usuarios reinician la máquina.

http://digital.telepolis.com/cgi-bin/reubica?id=181561&origen=EDTecnologia

[Dabo]

veremos quien sabotea a quien....

[choche]

Todos contra iMesh

Dieciocho discográficas han demandado por violación de derechos de propiedad a la popular red de intercambio de archivos iMesh.

Según informa el rotativo "The Wall Street Journal" dieciocho empresas han presentado una demanda conjunta contra iMesh.

iMesh, con sede en Tel Aviv, y una de las principales herramientas de intercambio de archivos, ha recibido la demanda en una corte de distrito en Manhattan.

En ella se le acusa de servir como medio para la distribución ilegal de material protegido por derechos de propiedad, según el texto de la demanda: "Sin la ampliamente difundida infracción de las más populares canciones protegidas por derechos de autor iMesh desaparecería".

Curiosamente la acción legal se produce tras anunciar iMesh el mes pasado su intención de comenzar a vender música protegida por derechos de autor procedente de artistas independientes y abandonar sus operaciones de intercambio de archivos.